La Justicia allanó 24 comedores de organizaciones sociales y encontró depósitos llenos de comida
Corrupción kirchnerista compromete seriamente a las organizaciones sociales. La Justicia Federal de Quilmes llevó a cabo los procedimientos

Durante los operativos, se descubrieron alimentos en mal estado y vencidos que, según se informa, fueron recibidos a principios de año del Estado, pero no fueron distribuidos entre los sectores más vulnerables. Ya se notificó a las autoridades de Bromatología bonaerense para su intervención. Además, los productos en buen estado fueron informados al Ministerio de Capital Humano bajo la dirección de Sandra Pettovello.
Para asegurar la preservación de pruebas, tomar fotografías e intervenir si fuera necesario, los funcionarios judiciales están acompañados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Hasta el momento, se incautaron documentos, planillas de asistencia, dispositivos informáticos y otros elementos que serán sometidos a peritaje.
Uno de los hallazgos más impactantes ocurrió en un depósito perteneciente al MTD-Teresa Rodríguez en Florencio Varela, donde se encontraron alimentos en estado de descomposición. Los responsables del lugar argumentan que estos alimentos fueron entregados por la provincia de Buenos Aires en enero y no pudieron ser distribuidos a tiempo. Aún se está investigando la verdadera procedencia de estos alimentos, algunos de los cuales estaban claramente vencidos y marcados con etiquetas que indicaban su prohibición de venta por parte del gobierno provincial.

La investigación a los comedores
Los expedientes relacionados con estas actividades delictivas fueron transferidos al juzgado de Armella, quien tomó medidas significativas para abordar las denuncias recibidas a través de llamadas al número 134, destinado a reportar presiones contra beneficiarios de planes sociales en varias localidades bonaerenses.
El desarrollo de esta investigación continúa con más allanamientos y la posibilidad de nuevas medidas judiciales conforme avancen las diligencias en curso y se presenten más testimonios contra los responsables de estas prácticas coercitivas.
La causa judicial investiga a dirigentes acusados de malversar fondos públicos destinados a planes sociales y comedores comunitarios, quienes presuntamente extorsionaban a los beneficiarios. Hasta el momento, hay 28 imputados vinculados a cinco comedores, tres de ellos del Polo Obrero, uno de Barrios de Pie y otro del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).